El despliegue de los proyectos e iniciativas de comunidades energéticas avanza poco a poco, más despacio de lo esperado, debido en gran parte tanto a las lagunas legales que sigue teniendo su desarrollo, como a las numerosas trabas burocráticas.
El sector considera que no se pueden poner puertas al campo. Por muchas trabas en el camino que encuentre el desarrollo de estas comunidades energéticas en España, al final, se impondrán, dado que el autoconsumo energético es uno de los caminos que marca el futuro más inmediato dentro de la revolución de las energías renovables.
Impulso de la Unión Europea
Hay que recordar que fue la Unión Europea quién impulsó ya en el año 2019 la creación de este tipo de iniciativas. El objetivo es que, paulatinamente, los ciudadanos pudieran evitar la dependencia de las compañías eléctricas tradicionales, al habilitarles para crear asociaciones que pudieran producir, almacenar, consumir, compartir o vender energía a través de pequeñas instalaciones, y de esta forma, conseguir descentralizar el sistema eléctrico, así como fomentar el ahorro del coste de la energía a través del autoconsumo.
Un artículo del diario ‘El País’ del 31 de octubre de 2022 ofrece un amplio reportaje sobre la situación de las comunidades energéticas, firmado por María Fernández, y que se titula: “El fiasco de las comunidades energéticas, las trabas burocráticas retrasan los proyectos”.
Recientemente, el IDAE, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica encargado de estos asuntos, ha publicado un Visor de Comunidades Energéticas en el que se recoge la localización de las comunidades energéticas actualmente en desarrollo y constitución, así como su estado de puesta en marcha, y otros datos como potencia y tecnologías de generación.
A pesar de que en la actualidad no existe una trasposición de las directivas europeas en las que se propone la creación de este tipo de iniciativas, desde el Ministerio para la Transición Ecológica declaran que impulsarlas sigue estando entre sus máximas prioridades en este momento.
Ayudas prometidas
El Departamento de Teresa Ribera ha anunciado un paquete de ayudas por valor de 100 millones para fomentar estas iniciativas. Como resultado de la primera convocatoria de ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas, se certifica la existencia de 45 proyectos en gestación. De ellos, el 16 % incluyen consumidores vulnerables entre sus socios, que movilizarán una inversión estimada que apenas alcanzaría los 15 millones de euros.
El Plan +SE (Plan +Seguridad Energética) aprobado hace muy escasas fechas por el Consejo de Ministros propone “dotar de un marco jurídico a estas comunidades energéticas que facilite su desarrollo” a través de un real decreto con el que se piensa completar la Ley del Sector Eléctrico. Según se recoge en el Plan +SE, se esperaba que su entrada en vigor tuviera lugar antes de que terminara 2022, aunque todavía no se ha publicado el articulado.
El Gobierno también ha anunciado más ayudas. Además, en diciembre de 2021, manifestó la necesidad de establecer un nuevo régimen sancionador para atajar problemas existentes como los retrasos en la tramitación de instalaciones de autoconsumo, así como, en la gestión y comunicación de excedentes, como una forma de avanzar en esta iniciativa.
Importancia del bombeo reversible
Las centrales de bombeo reversible son infraestructuras energéticas que pueden contribuir de forma muy importante al desarrollo de comunidades energéticas. El PNIEC 2021-2030 define las líneas de actuación para desarrollar el marco normativo apropiado que delimite estas entidades jurídicas y favorezca su desarrollo.
La integración de instalaciones de bombeo reversible con esquemas de producción eólico y fotovoltaico permitirá desarrollar estas comunidades energéticas, disminuyendo el coste de la energía descarbonizada consumida por las empresas que las integren, y atrayendo nuevas empresas al territorio.
Estas comunidades cuya actividad será la generación, almacenamiento, suministro, reparto, distribución y consumo de energías renovables proveniente de eólica, solar, minicentrales hidroeléctricas, biomasa, bombas de calor, etc., serán en el futuro, un elemento clave en el camino de la transición energética. Atalaya ya está participando en ello con sus actividades industriales y a través de la Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza que dirige el profesor titular José María Yusta Loyo.
Algunas iniciativas en marcha
El reportaje de ‘El País’ cita varios ejemplos de comunidades energéticas, como la existente en Crevillente (Alicante), que se ha convertido en la primera comunidad energética local del país, aunque es un caso peculiar, ya que disponían de una comercializadora propia hace años.
También funciona otra en Pontevedra, concretamente en los Montes de Tameiga, iniciativa que encaja a la perfección en las directivas europeas (de 2018 y 2019) que regulan las comunidades energéticas, pero no tanto en la normativa española.
También en Galicia, en la isla de Arousa existe la asociación Arousa en Transición. Se trata de un proyecto en el que también colaboran el Ayuntamiento y la cofradía de pescadores. Son una quincena de familias que se han unido para producir energía en sus tejados y tienen la primera célula de autoconsumo en marcha.
Y existe otra iniciativa en la localidad de Buchabade (Pontevedra), donde Fernando Malvar, uno de sus impulsores, explica que su plan nació cuando un promotor eólico fue a instalar un gran parque a un kilómetro y medio del pueblo.
